El Gobierno que presume de perseguir a los falsos autónomos ficha a dedo a trabajadores sin contrato

El Gobierno, que presume de haber endurecido con contundencia la práctica de la contratación de falsos autónomos en empresas, ha incorporado a su equipo al menos a dos trabajadores de nivel técnico sin darlos de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y, por tanto, sin contrato laboral como trabajadores por cuenta ajena.

Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, los ha integrado en su plantilla de comunicación y protocolo como autónomos pese a estar bajo las órdenes directas del empleador –en este caso el Gobierno–, cumplir con sus directrices, tener fijados cometidos específicos, estar integrados en la organización e, incluso, estar vinculados con una relación laboral que tiene un plazo determinado: seis meses, coincidiendo específicamente con la Presidencia de turno de la UE que ejerce Pedro Sánchez durante este segundo semestre del año.

Para más inri, estos dos contratos de autónomos han sido realizados por el Ministerio de Justicia, que dirige la socialista Pilar Llop. En vez de hacerles un contrato de trabajo reglado, les paga como supuestos profesionales por cuenta ajena. Los encubre como «servicio de asistencia técnica con ocasión de la Presidencia Española de la UE». Los ha fichado con una retribución inferior de la que les correspondería como personal técnico o asesores eventuales de la plantilla ministerial.

A estos dos trabajadores les pagará, respectivamente, 14.940 y 14.995 euros por seis meses. Justicia ha apurado al máximo para no alcanzar los 15.000 euros de tope que establece la ley para contratos mercantiles menores, los que se pueden adjudicar a dedo, sin concurso.

Esquiva las leyes del empleo público

Eso, de paso, le ha permitido saltarse los más elementales procesos de selección de personal que han de regir para el acceso al empleo público. Si tuvieran la consideración de personal temporal ordinario, debería haber realizado una convocatoria pública. En otro caso, podía haberles contratado discrecionalmente como asesores, pero para ello tendría que haber habilitado esas plazas en la plantilla orgánica del ministerio.

Hay que tener en cuenta que, en la práctica, se trata de personal de nivel técnico que está adscrito a la cúpula del Gobierno y que, por tanto, tiene acceso a medios e información oficial. Sin embargo, el Ejecutivo los hace pasar como externos, lo que les obliga a estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pagarse de su bolsillo las cotizaciones a la Seguridad Social y facturar por las tareas realizadas.

Estos son los contratados

El contratado como periodista autónomo es Juan Pablo Cuevas Pérez. En su perfil de la red social Linkedin indica, como destino actual, «Comunicación institucional en el Ministerio de Justicia». Ejerce como tal desde el 20 de junio pasado. En su descripción detalla que es un «sociólogo y politólogo trabajando en comunicación corporativa e institucional. Actualmente, colaboro con el Gabinete de prensa del Ministerio de Justicia en la comunicación de los hitos del Ministerio durante la Presidencia española de la UE».

La otra trabajadora incorporada como autónoma en la cúpula orgánica del Ministerio de Justicia es Diana Tejerina Valero, en su caso para la unidad de protocolo de ese departamento gubernamental. Fue fichada oficialmente el 22 de junio, a un mes de las elecciones generales. En su perfil de Linkedin se describe como «graduada en Ciencia Política y Administración Pública. Máster Executive en Protocolo y Organización de eventos», con formación especializada «en el ámbito de la Unión Europea, internacional y el protocolo institucional español».

Sánchez y Díaz: del dicho al hecho

En ambos casos se trata de dos jóvenes, justo el colectivo que, según la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, es el que más sufre el fraude contractual de los falsos autónomos. Es decir, aquellos que ejercen una actividad laboral, pero son fichados por empresas como profesionales por cuenta ajena para ahorrarse la cotización a la Seguridad Social.

El presidente Pedro Sánchez y su vicepresidenta Díaz llevan años criticando con dureza justo lo que ahora está practicando el Gobierno en estos dos casos. «Se encubren relaciones laborales que eran ordinarias a costa de esas personas trabajadoras, muchas de ellas jóvenes», dijo la ministra de Trabajo el pasado enero, cuando compareció para presumir de que, en tres años, el Gobierno había forzado la regularización de 80.000 falsos autónomos, 40.000 de ellos en 2022. «Para esto sirve la Inspección de Trabajo y el principio de legalidad en España», remachó Yolanda Díaz en aquella comparecencia de hace unos meses.

Pedro Sánchez también se ha explayado presumiendo de ser azote de ese fraude en la contratación laboral. En agosto de 2018, poco después de instalarse en La Moncloa, el presidente y líder del PSOE presumió de haber aprobado en Consejo de Ministros un real decreto que endurecía la persecución de las empresas que tuvieran falsos autónomos. Todo ello con la modificación de los procedimientos de la Inspección de Trabajo y las normas de la Seguridad Social.

«Los falsos autónomos son competencia desleal», pregonó Sánchez. Un mes después, el 3 de septiembre de 2018, el presidente afirmó que en cuestión de semanas su Gobierno había logrado aflorar 8.000 casos de falsos autónomos y de haberlos regularizado como trabajadores por cuenta propia, de plantilla y, por tanto, dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como asalariados. «La lucha contra la explotación laboral y la creación de empleo digno es uno de los principales objetivos del Gobierno», dijo Sánchez aquel día al hilo de este asunto.